Perez Legal Group, “Juez bloquea el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros por parte de Trump para deportaciones”

Juez anula política de Trump que deportaba a venezolanos bajo ley de 1798

Un juez federal ha bloqueado de forma permanente el uso que hacía la administración Trump de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para deportar migrantes venezolanos, marcando un revés importante para su política migratoria.

El juez Fernando Rodríguez Jr., nombrado por el propio Trump, dictaminó que la aplicación de esta ley por parte del gobierno era ilegal. La administración había invocado la ley para deportar supuestos miembros de la banda venezolana Tren de Aragua, alegando que su presencia constituía una “invasión”. Sin embargo, el juez determinó que las actividades de esta banda no cumplían con los criterios históricos de “invasión” o “incursión predatoria” requeridos por la ley, que fue creada en el siglo XVIII para amenazas en tiempos de guerra.

Este fallo representa un desafío a la estrategia migratoria más amplia del gobierno y subraya el papel del poder judicial en controlar el poder ejecutivo. Es notable que la decisión provenga de un juez nombrado por Trump, lo que resalta las divisiones incluso entre sus propios nombramientos judiciales.

La administración ya había deportado a más de 230 venezolanos bajo esta ley, muchos de los cuales tenían casos de asilo pendientes y fueron enviados a una prisión de alta seguridad en El Salvador sin el debido proceso. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que lideró la demanda, celebró la decisión, argumentando que la ley fue mal utilizada y que las deportaciones violaban derechos constitucionales.

Aunque el fallo aplica actualmente solo al distrito sur de Texas, sienta un precedente legal que podría influir en futuros casos e incluso llegar a la Corte Suprema. La administración expresó su desacuerdo con la decisión y planea apelar, afirmando tener confianza en que ganará legalmente.

Este caso resalta la tensión continua entre las políticas migratorias del poder ejecutivo y la supervisión judicial, planteando preguntas importantes sobre los límites de la autoridad presidencial y la protección de los derechos individuales bajo la Constitución de EE. UU.